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En la cumbre humanitaria quieren reafirmar la precedencia de la ley internacional humanitaria. El motivo frontal es la seguidilla de bombardeos a hospitales en Siria, un crimen de guerra que en esta ocasión ha pasado de agache ante la mirada incrédula de lo Médicos Sin Fronteras (MSF). En el trasfondo también pesa el aumento de muertes entre los trabajadores humanitarios, aunque algunos ofrecen explicaciones estadísticas a este problema que vale la pena considerar.

El caso es que no está muy claro como se ha de lograr avances en este punto de la agenda.  Por un lado, los principales infractores en este momento son actores no estatales — es decir, terroristas y afines — los cuales no tienen incentivos para seguir la ley, pues de ningún modo van a beneficiarse de la legitimidad que esto supone.  En la Chatham House hace poco publicaron un reporte sobre este tema que quiere ser optimista, pero habrá que leer la letra menuda para ver cómo cuadriculan ese círculo. 

Cuando el reclamo se hace al estado afectado (el gobierno sirio, en este caso), la experiencia muestra que cualquier presión va a resultar en un mayor deterioro de la situación. Expulsión de equipos extranjeros y reducción del acceso humanitario son previsibles. La opción de un poder hegemónico dando un paso al frente y encargándose de todo ya se probó en toda su infructuosidad y quizá jamás vuelva a ponerse en práctica. Para mal o para bien, toca jugar con los locales. 

Los que quedan por presionar son los súper poderes, pero estos son los que hacen las reglas. Ya llevan muchos años comprometidos a respetar la ley, pero errores cometen todos, incluso se repiten, y de ninguna manera se van a dejar imputar una sanción —si acaso una reconvención a puerta cerrada.

¿De qué lado vendrá la presión que genere cambios para bien? Una respuesta si quiera posible parece lejana.